{"id":18409,"date":"2025-09-30T08:02:40","date_gmt":"2025-09-30T14:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/miranda-partners.com\/news-and-content\/miranda-intelligence\/public-affairs-chatter\/mis-mexico-public-affairs-chatter-sep-30-2025\/"},"modified":"2026-11-05T21:21:12","modified_gmt":"2026-11-06T03:21:12","slug":"mis-mexico-public-affairs-chatter-sep-30-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miranda-partners.com\/es\/news-and-content\/miranda-intelligence\/public-affairs-chatter\/mis-mexico-public-affairs-chatter-sep-30-2025\/","title":{"rendered":"MI's Mexico Public Affairs Chatter - 30 de septiembre de 2025"},"content":{"rendered":"

Diplomacia de cortafuegos: M\u00e9xico y EE.UU. trazan una l\u00ednea divisoria sobre las armas<\/strong><\/p>

El 28 de septiembre, funcionarios estadounidenses y mexicanos lanzaron conjuntamente la Misi\u00f3n Cortafuegos (Misi\u00f3n Cortafuegos<\/em>), un nuevo marco bilateral destinado a combatir el tr\u00e1fico transfronterizo de armas de fuego. Calificado de avance \u201chist\u00f3rico\u201d por ambos gobiernos, el acuerdo incluye protocolos ampliados de rastreo de armas, intercambio de datos en tiempo real y el compromiso de Estados Unidos de rastrear las armas desde el lugar del delito hasta los distribuidores autorizados.<\/p>

A primera vista, el anuncio es una victoria diplom\u00e1tica. Es la primera vez que Washington reconoce formalmente cierto grado de responsabilidad compartida en el flujo de armas de fuego hacia M\u00e9xico, una antigua demanda de las autoridades mexicanas. La secretaria de Gobernaci\u00f3n, Rosa Icela Rodr\u00edguez, describi\u00f3 el acuerdo como una \u201ccooperaci\u00f3n sin precedentes\u201d, mientras que sus hom\u00f3logos estadounidenses hicieron hincapi\u00e9 en las mejoras operativas en los canales aduaneros y policiales.<\/p>

Pero m\u00e1s all\u00e1 de la \u00f3ptica, la mec\u00e1nica justifica un escrutinio. Las principales medidas -ampliaci\u00f3n a escala nacional de eTrace, mejora de la comparaci\u00f3n bal\u00edstica y mayor coordinaci\u00f3n entre organismos- son t\u00e9cnicamente significativas, pero conocidas. Rastrear no es lo mismo que hacer cumplir la ley. La legislaci\u00f3n estadounidense en materia de armas sigue estando fragmentada, y el rastreo en el punto de venta no conduce necesariamente a enjuiciamientos. M\u00e9xico, por su parte, debe absorber la carga log\u00edstica y judicial: incautaciones, integraci\u00f3n forense, creaci\u00f3n de casos.<\/p>

El momento es notable. La puesta en marcha se produjo pocas semanas despu\u00e9s de la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso M\u00e9xico contra Smith & Wesson, que reafirm\u00f3 la protecci\u00f3n jur\u00eddica de los fabricantes de armas estadounidenses frente a demandas extranjeras. Esta sentencia cerr\u00f3 una de las pocas v\u00edas legales de que dispon\u00eda M\u00e9xico para obtener reparaci\u00f3n.<\/p>

Las autoridades han insistido en la voluntad bilateral, pero la asimetr\u00eda es clara: M\u00e9xico obtiene acceso a la base de datos; Estados Unidos mantiene la discrecionalidad en la aplicaci\u00f3n de la ley. Y aunque los titulares de El Pa\u00eds y Reforma ten\u00edan un tono festivo, ambos medios subrayaron la ausencia de obligaciones vinculantes. En palabras de los analistas, la iniciativa puede ser \u201chist\u00f3rica\u201d por su tono, pero no necesariamente por sus consecuencias.<\/p>

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\u00bfQui\u00e9n se queda con las llaves? Nombramientos de Sheinbaum para CRT y CNA<\/strong><\/p>

La Presidenta Sheinbaum se est\u00e1 moviendo r\u00e1pidamente para llenar los nuevos \u00f3rganos reguladores de M\u00e9xico. Su administraci\u00f3n se ha comprometido a enviar al Senado las listas de candidatos preseleccionados para la Comisi\u00f3n Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisi\u00f3n Nacional Antimonopolios (CNA), ambas consideradas organismos independientes y t\u00e9cnicos. Los observadores del sector se centran sobre todo en la calidad de los nombramientos y en si, una vez en sus puestos, tendr\u00e1n el car\u00e1cter y el poder necesarios para enfrentarse al operador dominante del sector (es decir, Am\u00e9rica M\u00f3vil) o a poderosos intereses creados (es decir, el propio gobierno, Grupo Televisa y otros cuasi monopolios).<\/p>

La CRT absorber\u00e1 las funciones b\u00e1sicas del desaparecido IFT: gesti\u00f3n del espectro, adjudicaci\u00f3n de concesiones y supervisi\u00f3n de la competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusi\u00f3n. Pero aunque la ley establece una autonom\u00eda formal, los cinco comisionados ser\u00e1n nombrados por el presidente y ratificados por un Senado en el que los aliados de Sheinbaum tienen una mayor\u00eda aplastante. El calendario escalonado -un comisario por a\u00f1o hasta 2032- significa que el poder, al menos al principio, puede residir en s\u00f3lo dos o tres votos.<\/p>

Seg\u00fan El Economista, la lista incluye caras conocidas y, a primera vista, tranquilizadoras: Tania Villa y \u00c1lvaro Guzm\u00e1n -ambos ex funcionarios del IFT con amplia experiencia en el sector-, Norma Solano Rodr\u00edguez, ex directora jur\u00eddica de la ADIP del DF y ahora alta funcionaria de la ATDT, y Jorge Luis P\u00e9rez Hern\u00e1ndez, ex director interino de Infotec. Uno de los puestos podr\u00eda recaer en un candidato propuesto por el senador Javier Corral, figura clave en la reforma legal de las telecomunicaciones en M\u00e9xico.<\/p>

Lo que est\u00e1 en juego es inmediato. Tanto la industria como el gobierno presionan para que la CRT comience a funcionar r\u00e1pidamente, ya que los procesos administrativos clave siguen congelados. El mes que viene se espera que la CRT publique nuevas directrices para el registro nacional de l\u00edneas m\u00f3viles, una tarea que no puede avanzar sin una junta operativa.<\/p>

M\u00e1s all\u00e1 del pleno, ya circulan nombres para puestos operativos: Adriana Elena Cruz (Supervisi\u00f3n de la Regulaci\u00f3n Asim\u00e9trica), Miguel Monroy (Sanciones), Pablo Vanegas (Promoci\u00f3n de Infraestructuras), Ricardo Casta\u00f1eda (Infraestructuras Gubernamentales), Marisol Nava (Subastas), Paula Ortega (Asuntos Jur\u00eddicos) y Mercedes Olivares (Servicios a la Audiencia).<\/p>

A los cr\u00edticos les preocupa que, al extender los nombramientos a lo largo de las administraciones, pero fijando a los primeros aliados, el gobierno se asegure una impronta duradera en la direcci\u00f3n del regulador. En el sector de las telecomunicaciones, esto podr\u00eda traducirse en un organismo de control favorable al Gobierno (y algunos temen que tambi\u00e9n a Am\u00e9rica M\u00f3vil y\/o Televisa) en un \u00e1mbito en el que hay mucho en juego. La CNA se enfrenta a riesgos similares: no entrar\u00e1 en funcionamiento hasta que los cinco comisionados y el presidente hayan sido confirmados, lo que deja en el limbo importantes casos de mercado.<\/p>

Dicho esto, la presidenta Sheinbaum ha hecho muchos nombramientos de calidad en el gobierno, incluido el de Gabriel Cuadra como subgobernador del Banco Central. Algunos de los nombres que se barajan sugieren que busca experiencia e integridad. El hecho de que sean elegidos por el gobierno no significa que no vayan a desempe\u00f1ar fielmente sus funciones.<\/p>

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La extorsi\u00f3n pasa a ser federal: Ahora viene lo dif\u00edcil<\/strong><\/p>

El 9 de septiembre, la C\u00e1mara de Diputados de M\u00e9xico aprob\u00f3 por abrumadora mayor\u00eda una reforma constitucional para crear una Ley General de Extorsi\u00f3n. Apenas dos semanas despu\u00e9s, el 24 de septiembre, el Senado hizo lo propio por unanimidad. La enmienda al art\u00edculo 73 pasa ahora a los parlamentos estatales para su ratificaci\u00f3n, una mera formalidad dado el consenso pol\u00edtico existente.<\/p>

La reforma establece una definici\u00f3n legal unificada de extorsi\u00f3n en todo M\u00e9xico, factores agravantes estandarizados y penas armonizadas. Y lo que es m\u00e1s importante, permite el enjuiciamiento de oficio, lo que significa que los casos pueden seguir adelante sin la denuncia formal de la v\u00edctima. Los legisladores afirman que el objetivo es hacer frente a la falta cr\u00f3nica de denuncias, motivada por el miedo y la desconfianza institucional. Queda por ver si esto se traduce en un enjuiciamiento m\u00e1s eficaz.<\/p>

Pol\u00edticamente, la alineaci\u00f3n es notable. El Partido Verde lo enmarc\u00f3 como un impulso a la coordinaci\u00f3n intergubernamental. Los legisladores de Morena la vincularon directamente con la agenda de seguridad nacional de la Presidenta Sheinbaum. Incluso la oposici\u00f3n la apoy\u00f3, aunque en silencio: no hay mucho inter\u00e9s pol\u00edtico en oponerse a la represi\u00f3n de un delito que afecta a todos, desde los vendedores informales hasta la agroindustria y los administradores escolares.<\/p>

Las cifras lo dicen todo. En el primer semestre de 2025, las autoridades registraron 5.887 v\u00edctimas de extorsi\u00f3n, un aumento de 83% con respecto a 2015. Grupos empresariales como COPARMEX dicen que la cifra real es mucho mayor, dado el subregistro desenfrenado. La extorsi\u00f3n se ha convertido en un impuesto paralelo que afecta a las rutas de transporte, las cadenas de suministro de alimentos, los minoristas y las escuelas.<\/p>

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La nueva Ley de Aduanas: \u00bfM\u00e1s dientes o una obra de teatro?<\/strong><\/p>

La revisi\u00f3n de la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Sheinbaum, presentada como una importante iniciativa contra el contrabando, se debatir\u00e1 y votar\u00e1 el 6 de octubre, despu\u00e9s de que los l\u00edderes del Congreso solicitaran una pausa para evitar su aprobaci\u00f3n por la v\u00eda r\u00e1pida.<\/p>

La propuesta es amplia y contundente. Elimina las exenciones de responsabilidad para los agentes de aduanas, acorta los plazos de las licencias a diez a\u00f1os (con renovaci\u00f3n vinculada a la certificaci\u00f3n bienal) y somete a los mensajeros de comercio electr\u00f3nico a una supervisi\u00f3n reguladora formal. Y lo que es m\u00e1s importante, crea un nuevo Consejo de Aduanas, un \u00f3rgano deliberativo encargado de supervisarlo todo, desde la concesi\u00f3n de licencias a los agentes hasta las autorizaciones de concesiones.<\/p>

Seg\u00fan la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley, el Consejo pretende \u201crestaurar la confianza en las instituciones\u201d haciendo que los procesos aduaneros sean m\u00e1s justos y transparentes. Pero su verdadera funci\u00f3n es clara: consolidar el control. El Consejo, presidido por el Ministerio de Hacienda e integrado por representantes del SAT, la ANAM y el Ministerio Anticorrupci\u00f3n, tendr\u00e1 poder no s\u00f3lo sobre las autorizaciones y revocaciones de agentes, sino tambi\u00e9n sobre todos los permisos y concesiones relacionados con las aduanas. Las autoridades aduaneras deber\u00e1n solicitar la aprobaci\u00f3n antes de emitir resoluciones clave. El Ministerio de Hacienda, por su parte, dictar\u00e1 las normas de funcionamiento del Consejo, un estrecho lazo de poder bajo supervisi\u00f3n ejecutiva.<\/p>

El contexto es fiscal y pol\u00edtico. Las aduanas recaudan la impresionante cifra de 24% del total de ingresos fiscales -unos 3,6% del PIB- y est\u00e1n sometidas a presiones para que rindan. Hacienda presume de ingresos r\u00e9cord: MXN 836 mil millones (~US$45.6 bn) recaudados de enero a julio de 2025, un aumento de 21% en t\u00e9rminos reales, con la recaudaci\u00f3n de todo el a\u00f1o ya superando MXN 1 bill\u00f3n (~US$54.5 bn). Sin embargo, el SAT estima simult\u00e1neamente un fraude de 22.8 billones de pesos (~US$1.2 bn), m\u00e1s del triple de la cifra de 2024. La contradicci\u00f3n es evidente: recaudaci\u00f3n r\u00e9cord, evasi\u00f3n r\u00e9cord.<\/p>

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La Reforma de Amparo en M\u00e9xico: Un resumen de la cr\u00edtica de Ana Laura Magaloni<\/strong><\/p>

Este es un resumen de un ensayo m\u00e1s extenso que circula de la jurista Ana Laura Magaloni escrito en respuesta a la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que se espera sea aprobada en breve, y que nosotros analizado a principios de este mes<\/a>. Magaloni se opone a la iniciativa, y su posici\u00f3n refleja ampliamente las opiniones de la comunidad empresarial y los bufetes de abogados que han confiado durante mucho tiempo en los amparos para defender a clientes privados frente al gobierno.<\/p>

Magaloni argumenta que la reforma no es un ajuste t\u00e9cnico, sino parte de un proceso pol\u00edtico que comenz\u00f3 en 2018, cuando Morena consolid\u00f3 el control de la Presidencia, el Congreso y la mayor\u00eda de los gobiernos estatales. Esta concentraci\u00f3n de poder ha erosionado los pesos y contrapesos. El Poder Judicial, ya debilitado por la reforma judicial de 2024, ahora enfrenta l\u00edmites m\u00e1s estrictos a su capacidad de revisar las acciones del Ejecutivo.<\/p>

Para las empresas, el impacto es m\u00e1s claro en tres \u00e1reas: litigios medioambientales y colectivos, disputas fiscales con el SAT y congelaci\u00f3n de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Cada uno de ellos reduce los recursos legales, aumentando los costes de cumplimiento y el riesgo pol\u00edtico.<\/p>

El amparo como obst\u00e1culo<\/em><\/p>

Durante la presidencia de AMLO, los jueces utilizaron amparos para suspender proyectos emblem\u00e1ticos como el Tren Maya y la Ley de la Industria El\u00e9ctrica. El gobierno consider\u00f3 estas sentencias como una injerencia pol\u00edtica. La nueva reforma busca evitar suspensiones similares bajo Sheinbaum al recortar la discrecionalidad judicial.<\/p>

Tres cambios<\/em><\/p>