¿Cómo ha afectado la inseguridad al sector privado en México?

agosto 19, 2020
4:44 pm
CDMX.

Por Tania Rojas, Miranda Media

El atentado contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México en una de las zonas más seguras y vigiladas de la capital del país.
El operativo fallido en el que se terminó liberando al hijo de uno de los capos más poderosos del mundo.
La masacre contra una familia de la comunidad mormona en los límites de la frontera de Chihuahua con Estados Unidos.

Las estrategias de seguridad implementadas durante los últimos sexenios no han logrado contener la violencia en México, las implicaciones derivadas de esto han ocasionado grandes estragos para el país e impactan de manera directa el bienestar de la población, pero también el crecimiento y desarrollo económico. En este sentido ¿cómo ha afectado la inseguridad al sector privado en México?

Desde la denominada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, México ha estado sumergido en un espiral de violencia que se ha agudizado en los sexenios posteriores. La fragmentación de los grandes cárteles ha provocado un aumento en la violencia y una diversificación en las actividades de los grupos criminales.

De acuerdo con el informe National Drug Threat Assessment de la DEA, actualmente en México operan seis organizaciones criminales con gran impacto transnacional: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Organización de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y el Cártel de Los Zetas.^[1] A nivel nacional, también se destaca el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuya operación se concentra en el estado de Guanajuato y el grupo delictivo La Unión Tepito que opera en la Ciudad de México. Adicionalmente, en todo el país se extienden diversos grupos y células criminales con presencia local.

Aunque el tráfico de drogas sigue siendo la actividad criminal más redituable, el robo de hidrocarburos y la extorsión han generado grandes recursos para las organizaciones criminales. Se estima que el costo del delito a personas, empresas y gobierno ha tenido un impacto en el país de aproximadamente 1.52 billones de pesos al año, lo que representa el 6.8% del Producto Interno Bruto.^[2] De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de 2020, los estados que han presentado mayor incidencia delictiva son Baja California, Colima, Chihuahua y Guanajuato.

La impunidad con la que operan los grupos delictivos ha ocasionado consecuencias palpables para las empresas, en 2018 Coca Cola Femsa tuvo que cerrar de manera indefinida su planta en Ciudad Altamirano, Guerrero. La decisión fue tomada después de recibir amenazas, hostigamiento y agresiones hacia empleados por parte de grupos criminales para pagar un derecho de piso, como comúnmente se denomina a la extorsión.^[3] De acuerdo con la propia empresa, las pérdidas generadas a partir del cierre fueron de alrededor de 30 millones de pesos por mes en sus ingresos.^[4]

Ante la falta de protección por parte de las autoridades, las empresas se han encontrado en la disyuntiva de asumir los costos adicionales de pagar una cuota o de cerrar indefinidamente. El impacto va más allá de los daños a la propia empresa, también se ha generado un detrimento generalizado en la economía local debido a los efectos en los empleos y negocios locales. La extorsión es el tercer delito que más afecta a las empresas del país y la situación se agrava con la falta de confianza en las autoridades. Se estima que en más del 97% de los delitos de extorsión no se abre una carpeta de investigación.^[5]

Dicho eso, durante la última década, las empresas mexicanas se han adaptado y operado en el contexto de inseguridad y la mayoría lo ha hecho exitosamente. En algunos casos, saber navegar estas situaciones puede ser una ventaja competitiva. En otros, hasta una barrera de entrada. Algunas empresas pasan los costos extras de protección contra la inseguridad al consumidor final, es decir, termina siendo un impuesto que pagan todos los ciudadanos.

A pesar de los continuos hechos violentos, el gobierno federal aún no presenta una estrategia clara y concisa en materia de seguridad que logre atender de manera integral el problema de la violencia. En un contexto en el que la única salida es la actuación por parte del gobierno para combatir a los grupos delictivos, la tarea no es sencilla, se requiere de una cooperación activa en los tres niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada.

En un reporte de extorsión empresarial publicado por México Evalúa, se exponen recomendaciones para empresas e instituciones de seguridad. Para las primeras, las sugerencias van desde cambiar los correos electrónicos y los números telefónicos de los dueños y encargados cada seis meses, hasta ser mucho más cuidadosos con la documentación e información confidencial que puede terminar en las áreas de acceso público.

Para las instituciones de seguridad las recomendaciones van más a fondo, se sugiere generar estrategias de prevención e inteligencia que atiendan el delito de extorsión desde su origen. Se propone la creación de entidades especializadas en extorsión, un incremento en la colaboración con el sector privado para generar mayor información sobre el problema, con especial énfasis en una estrategia desde el sistema bancario, una mejora en el combate a la corrupción en los cuerpos policiales y autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la prevención y reinserción social para evitar que más personas se involucren o recaigan en estos ilícitos.

Atender el problema puede traer grandes beneficios para el país, uno de ellos, es el incremento en la confianza por parte de inversores nacionales y extranjeros. Cabe mencionar, que para este año, México salió del ranking del Índice de Confianza de Inversión Extranjera (IED) Kearney 2020.^[6] En 2002, México había ocupado el tercer lugar en dicho ranking, lo que reflejaba las grandes expectativas que se tenían en el país.

Si no se garantiza la seguridad para las empresas instaladas en México se podrían perder inversiones valiosas para detonar la economía nacional. Es necesaria una estrategia inmediata, clara, integral, que atienda las causas y comprenda la dinámica del crimen en cada estado. La cooperación entre autoridades y sector privado más allá de banderas políticas será clave para combatir el crimen organizado y acabar con la violencia que azota al país.

Fuentes:

DEA (2020). 2019 National Drug Threat Assessment.

^[1]https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-01/2019-NDTA-final-01-14-2020_Low_Web-DIR-007-20_2019.pdf

Badillo, D. (2020, abril 1). La delincuencia le cuesta al sector empresarial 147,000 mdp al año. Consulta realizada: Agosto 15, 2020.

^[2]https://www.revista.imef.org.mx/2020/04/01/la-delincuencia-le-cuesta-al-sector-empresarial-147000-mdp-al-ano/#:~:text=El%20costo%20directo%20de%20la,Interno%20Bruto%20(PIB)%20nacional.

Milenio Digital (2018, marzo 24) Coca-Cola cierra planta en Guerrero por inseguridad.

Consulta realizada: Agosto 15, 2020.

^[3] https://www.milenio.com/estados/coca-cola-cierra-planta-en-guerrero-por-inseguridad

Celis, Fernanda. (2018, abril 16). Coca-Cola Femsa revela la causas del cierre de la planta en Guerrero

Consulta realizada: Agosto 15, 2020.

^[4] https://www.forbes.com.mx/coca-cola-femsa-pierde-30-mdp-al-mes-por-cierre-en-ciudad-de-guerrero/

México Evalúa (2020). La extorsión empresarial en Ciudad Juárez.